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El economista y ex candidato presidencial, Andrés Arauz, ha denunciado públicamente lo que considera un grave desfalco en las finanzas del país, relacionado con la venta de oro del Banco Central de Ecuador (BCE). Arauz asegura que el gobierno de Daniel Noboa, al vender 7,5 toneladas de oro, causó pérdidas millonarias que impactarán directamente en las reservas del país y, por ende, en la estabilidad económica y la dolarización.

Según Arauz, el BCE había acumulado durante casi un siglo una importante reserva de oro, comprando a pequeños mineros ecuatorianos desde su creación en 1927, lo que resultó en un total de 1 millón de onzas de oro (aproximadamente 30 toneladas). La tradición de los gobiernos anteriores era mantener estas reservas debido a que el oro, históricamente, ha mantenido su valor y su precio tiende a aumentar con el tiempo, especialmente en períodos de alta inflación global.

La venta del oro: ¿Una decisión irresponsable?

Arauz critica duramente la decisión del presidente Noboa de vender 7,5 toneladas de oro a un precio muy inferior al valor de mercado, señalando que esta operación ha sido perjudicial para las finanzas nacionales. De acuerdo con su denuncia, el oro fue vendido por aproximadamente 2.000 dólares la onza, cuando el valor actual del metal precioso ronda los 3.000 dólares por onza. Esto, según Arauz, habría resultado en una pérdida de al menos 240 millones de dólares, lo que equivale a 2,5 toneladas de oro.

El economista asegura que el gobierno trató de maquillar esta venta con boletines oficiales que informaban "utilidades" contables, pero recalca que, bajo las normas contables internacionales (NIIF) y los estándares del FMI, tales “utilidades” no pueden ser reales, dado el precio de venta por debajo del mercado. La transacción, que Arauz considera un "robo" al patrimonio del Estado, plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y la gestión de las reservas del BCE.

Investigación en Curso: ¿Vínculos con empresas offshore?

Además de las pérdidas económicas, Arauz ha planteado inquietudes sobre posibles irregularidades en la transacción, mencionando que los detalles sobre los compradores del oro han sido clasificados como "secretos" por el gobierno. Se especula que las empresas offshore Festil Investments S.A. y Bostel Finance S.A., que no están registradas en el SRI, podrían estar vinculadas con la venta del oro. Arauz sugiere que estas empresas podrían tener conexiones con el presidente Daniel Noboa y su círculo cercano, incluyendo a su testaferro, Daniel Correia Peñaherrera, quien sería sobrino político del viceministro de hidrocarburos.

Llamado a la fiscalización y justicia

Arauz, en su rol de ciudadano, ha presentado una solicitud formal ante la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional, pidiendo una auditoría urgente sobre las circunstancias que rodearon la venta del oro y la transparencia de la transacción. Según Arauz, lo ocurrido no solo representa un daño económico considerable, sino que también podría constituir un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que establece sanciones para servidores públicos que perjudiquen al Estado para beneficiar a terceros.

El ex candidato presidencial recalca que el impacto de esta venta va más allá de lo económico, ya que afecta directamente a la solvencia de las reservas internacionales del país, las cuales cumplen un rol fundamental en la estabilidad del sistema de dolarización de Ecuador.

Conclusión

El caso de la venta del oro del Banco Central de Ecuador ha encendido una nueva controversia política y económica en el país. Mientras las autoridades gubernamentales defienden la operación, Andrés Arauz y otros críticos insisten en que lo sucedido podría tener implicaciones graves no solo para las finanzas, sino también para la transparencia y la justicia en el manejo de los recursos del Estado. Con la investigación en marcha, queda por ver si esta denuncia se traduce en una revisión exhaustiva de las acciones del gobierno o si, como otras veces, las preguntas quedan sin respuesta.