El 17 de diciembre el despacho del juez Carlos Serrano quedó en silencio. No fue una ausencia habitual ni una licencia administrativa: aquel día, uno de los catorce magistrados de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado abandonó definitivamente el edificio judicial del norte de Quito donde había trabajado durante tres años. Con apenas 34 años, Serrano era el juez más joven del grupo creado en 2022, cuando el país comenzaba a hundirse en una espiral de violencia criminal. Mientras Ecuador se preparaba para las fiestas de fin de año, él ya había salido al exilio. Antes de irse dejó su tercer oficio dirigido al Consejo de la Judicatura, en el que advertía que continuar sin protección policial ponía su vida en riesgo. No exageraba. En noviembre de 2025, semanas antes de una audiencia clave contra el serbio Jezdimir Srdan, acusado de lavado de activos, un vehículo cargado con dinamita y cilindros de gas explotó frente al complejo judicial donde Serrano trabajaba. A pesar del atentado, siguió cumpliendo funciones con apenas dos policías como escolta, sin chaleco antibalas ni vehículo blindado. La protección estatal para jueces que enfrentan al crimen organizado era mínima: muchos, como él, se desplazaban en transporte público o en taxi, tal como denunciaron en una carta colectiva al Consejo de la Judicatura.
La presión no terminó ahí. La misma semana del atentado, Serrano recibió una llamada del director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, quien le instó a dictar una sentencia favorable a Srdan. El juez grabó la conversación. Hoy ese audio forma parte de una investigación reservada en la Fiscalía que deberá determinar si existieron presiones indebidas y conflictos de interés, especialmente porque la esposa del presidente del Consejo, Mario Godoy, había integrado el equipo de defensa del acusado. El momento más tenso llegó el 21 de noviembre. Durante una audiencia virtual, Srdan, recluido en la cárcel de Santa Elena, pasó el dedo índice por el cuello frente a la cámara, una amenaza inequívoca de muerte. Serrano notificó de inmediato a las autoridades y pidió refuerzo de seguridad. Diez días después, lejos de protegerlo, el Ministerio del Interior retiró por completo su custodia.
La decisión se produjo en medio de un escenario extremo: Ecuador cerró 2025 con 9.300 homicidios intencionales, una tasa de 50 por cada 100.000 habitantes, y la justicia se convirtió en un objetivo más del crimen organizado. Al menos 16 atentados golpearon al sistema judicial con coches bomba, amenazas directas y ataques armados. Hubo muertos, entre ellos una jueza y el secretario de un fiscal. Serrano comprendió entonces que el Estado no lo iba a proteger. Se marchó.
Su historia no es aislada. Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura en la provincia amazónica de Orellana, también logró salir del país tras sobrevivir a un atentado en el que su padre resultó herido. Apenas llevaba una semana en el cargo cuando comenzaron las amenazas. Todo empezó al detectar que los casos de tráfico de combustible ni siquiera llegaban a audiencia, porque la unidad policial encargada de las pericias no acudía a tiempo y los detenidos quedaban libres al día siguiente. Lozada intentó coordinar soluciones con las autoridades locales, pero cada conversación parecía filtrarse de inmediato a Los Choneros, la banda criminal que domina la zona. El mensaje fue directo: su muerte tenía fecha y hora. Fue evacuada de emergencia a Quito, donde contó con cinco custodios armados, aunque debía moverse en taxi por falta de un vehículo blindado, pese a que el protocolo lo exigía. Denunció ante la Judicatura la corrupción de jueces en la Amazonía y entregó un informe al presidente del organismo, Mario Godoy. Según su testimonio, no obtuvo respuesta.
Regresó a Orellana el 22 de octubre de 2025. Aprovechando que su único custodio no estaba con ella, sicarios la interceptaron en un semáforo mientras viajaba con su padre. Dos hombres en motocicleta se detuvieron junto al vehículo. El que iba atrás apuntó directamente a su cabeza. El arma falló al primer intento. Disparó varias veces más mientras su padre maniobraba desesperadamente para esquivar las balas. Lozada denunció el atentado, pero no recibió protección adicional. Human Rights Watch y la Unión Europea gestionaron finalmente su salida del país.
Ambos casos apuntan al mismo epicentro: la presidencia del Consejo de la Judicatura, encabezada por Mario Godoy. Su gestión arrastra denuncias de irregularidades y posibles conflictos de interés, entre ellas las presiones denunciadas por Serrano. En la Asamblea Nacional avanza un juicio político en su contra, impulsado por el movimiento Revolución Ciudadana, aunque enfrenta resistencias. La candidatura de Godoy contó con respaldo del Gobierno y su llegada al cargo estuvo rodeada de sospechas de interferencia política.
La crisis se profundizó el 13 de enero, cuando José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia y principal impulsor de Godoy, renunció tras perder el apoyo de sus colegas. Días antes de que el juicio político tomara forma, el presidente Daniel Noboa, de vacaciones, sugirió en la red social X que Godoy dimitiera. Godoy no lo hizo. En su comparecencia ante la Asamblea evitó responder a las acusaciones, leyó un discurso y se retiró sin dar explicaciones.
Hoy, la justicia ecuatoriana atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Los tentáculos del narcotráfico han penetrado instituciones clave y el poder de las mafias impone el silencio sobre quienes intentan aplicar la ley. En este contexto, impartir justicia ya no es solo un deber constitucional: se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde una sentencia puede costar la vida.
