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En el marco de una crisis generalizada por la que atraviesa el país, la que agobia al sistema educativo es realmente alarmante, pues sus consecuencias golpean, principalmente, a niños y jóvenes que no encuentran salida de ninguna naturaleza, en un escenario donde, además, el costo de la vida, la falta de empleo para sus padres y otros problemas, hacen de aquellos víctimas propiciatorias y objetos de captación de la delincuencia organizada que asolan las calles del país.

Las clases en el litoral ecuatoriano, se iniciaron hace poco en medio de una crisis innegable, así, la propia ministra de Educación ha declarado que el 17% de las escuelas y colegios de la Costa está en malas condiciones, 44 mil estudiantes están excluidos del sistema escolar; cientos de docentes son víctimas de la denominada “vacunación” o extorsión; la deserción y la crisis de aprendizaje, súmese a esto el fuerte invierno que soportan esas dos regiones, el Litoral y Galápagos.

El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, por su parte, ha denunciado que la infraestructura educativa del país es deplorable, así destaca que el 17% está en malas condiciones, algunas necesitan cambios de cubiertas, adecuaciones en patios o arreglos de las baterías sanitarias. Frente a esta realidad, la Ministra del ramo no garantizó que el 100% de los estudiantes (2,3 millones) regresen a clases presenciales el 5 de mayo. Por el contrario, contra viento y marea, se reiniciaron pese a los reclamos de la comunidad educativa como maestros, estudiantes y los padres y madres de familia.

La deserción escolar, generalmente, se da en mayor magnitud en zonas altamente violentas, pobres y marginadas, frente a lo cual el Gobierno atina solamente en hacer declaraciones pomposas que no solucionan absolutamente nada y, por el contrario, evidencian el quemeimportismo de las autoridades, aún a sabiendas que los chicos se encuentran mucho más expuestos a patrones violentos y a reclutamientos en organizaciones delictivas. El Estado ecuatoriano sigue fallándoles y permitiendo que la ola violencia e inseguridad ganen terreno. ¿De qué sirve una matrícula gratuita si el camino al colegio puede ser mortal?, es una declaración que grafica la gravedad del problema. En Ecuador, el homicidio se convirtió en la principal causa de muerte en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años.

Algunos datos grafican la dura realidad por la que atraviesa el sistema educativo, así vemos que 365 instituciones educativas se encuentran amenazadas por eventos peligrosos, en provincias como Guayas, Esmeraldas y Manabí, donde las estadísticas desmienten versiones oficiales que hablan de la disminución de los riesgos, en un 30%. Los estudiantes que no ingresan a las aulas corren un mayor riesgo de olvidar su plan de vida e ir construyendo los cimientos para lograrlo. A lo anterior hay que agregar la carencia de una política educativa que reconozca los derechos legítimos del Magisterio.

Los directivos de la UNE., con Andrés Quishpe a la cabeza, han denunciado la problemática, exigen del Gobierno y sus autoridades educativas, la inmediata declaración de emergencia a la educación nacional, medida que posibilitaría la toma de medidas urgentes que apunten a implementar soluciones definitivas que permitan garantizar seguridad a los estudiantes, maestros y la comunidad educativa en general. Es hora ya de frenar, por todos los medios posibles la extorsión, el chantaje, los asesinatos, los secuestros y amenazas de las que son objeto los miembros de la comunidad educativa. Es hora de que el Gobierno asigne el presupuesto necesario al sector educativo, dejando atrás las líricas y demagógicas declaraciones. Y como los gobernantes harán gala de los oídos sordos, el Magisterio nacional y la comunidad educativa, se aprestan en realizar todas las movilizaciones que son necesarias, a fin de que sus planteamientos sean escuchados.