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PRENSAMERICA ECUADOR.-La política ecuatoriana no deja de escupir realidades incómodas. Esta vez, el escándalo estalla con nombre y apellido: Manuel Enrique Gonzaga González, esposo de la asambleísta Annie Muñoz, ha sido denunciado penalmente por asociación ilícita y tráfico de influencias. Pero no se trata de una denuncia administrativa más; es el relato crudo de cómo se cocina el poder en las sombras.

El documento judicial, que incluye transcripciones de audios grabados en el minuto 37:58, revela una confianza cínica en el sistema. Según la denuncia, Gonzaga no solo ofrecía beneficios económicos o cargos públicos, sino que garantizaba impunidad absoluta alegando un control total sobre los organismos electorales.

“Tú tranquilo por eso… para tener aliados en el TCE se necesita al Gobierno. El Gobierno es el que tiene controlado eso”, se escucha en la grabación.

La estrategia era clara: sabotear la democracia interna del movimiento RETO para desplazar a su actual presidente, Raúl Chávez. La oferta para los dirigentes provinciales era directa: firmen la salida de Chávez, quédense con el movimiento y, a cambio, el Gobierno a través de sus nexos aseguraría que cualquier impugnación legal fallara a su favor. “El CNE es nuestro, el TCE es nuestro”, sentenciaba Gonzaga en el audio, liquidando cualquier ilusión de independencia institucional.

Este terremoto judicial ha saltado a la arena pública de la mano de cuestionamientos directos a la asambleísta Muñoz. La periodista Alondra Santiago lanzó el dardo al corazón del Legislativo, cuestionando si la curul de la asambleísta no es, en realidad, un botín obtenido gracias a esa cercanía con el Ejecutivo que su esposo tanto pregonaba en las reuniones.

Mientras Gonzaga mencionaba actuar bajo directrices de operadores de alto nivel y ministros de Estado para coaccionar voluntades políticas, la ciudadanía observa cómo instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral aparecen en estas grabaciones como piezas de un tablero político.

La pregunta ahora no es si el audio existe el archivo ya reposa en la Fiscalía, sino si habrá algún rincón del sistema judicial que no esté “controlado” para procesar esta telaraña de presunta corrupción.