Inmobiliar inicia la incautación de la casa de Aquiles Álvarez donde habitan su esposa, tres niños y una persona con discapacidad, denuncian abogados.
GUAYAQUIL ECUADOR.- La defensa del alcalde de Guayaquil denuncia que el desalojo se ejecuta de forma exprés apenas 24 horas después de la orden judicial, adelantándose con fuerza a la audiencia clave fijada para el 19 de junio. Un giro de extrema tensión y alta fricción humana sacude los expedientes judiciales del país este viernes 12 de junio de 2026.
Mientras el equipo legal del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, participaba de forma virtual en una diligencia del Caso 'Triple A', la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) arrancó de forma sorpresiva la incautación del inmueble familiar del funcionario, ubicado en la provincia del Guayas. La defensa técnica denunció con total alarma que este procedimiento pretende el desalojo forzado de Fiorella Icaza, esposa del burgomaestre, junto a sus tres hijos de 6, 5 y 3 años de edad, además de una persona con discapacidad que reside en la propiedad.
Los abogados defensores fustigan con dureza que el Estado no consideró la condición de vulnerabilidad de los habitantes ni realizó una individualización técnica específica de los bienes antes de actuar en la calzada. Sostienen que Inmobiliar se apresuró a ejecutar la orden con el único fin de adelantarse a la audiencia judicial formal que el propio juez de la causa ya convocó para el próximo 19 de junio de 2026, espacio legal donde justamente se revisarán los recursos y reclamos presentados por la familia respecto a los alcances de la medida cautelar del caso de presunto lavado de activos denominado 'Goleada'.
LA QUEJA POR EL "DOBLE RASERO" DE LAS AUTORIDADES
En las bitácoras del caso consta un oficio remitido el pasado 8 de junio de 2026 por el mayor Edmundo Alexander Salcedo Vallejo, jefe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero de la Policía Nacional. En ese documento escrito, el oficial pedía de favor al juez detallar de forma singularizada los bienes antes de intervenir, advirtiendo que la información precisa era vital para ejecutar las cautelares con legalidad institucional.
La legisladora Viviana Veloz cuestionó públicamente el accionar del régimen, expresando su solidaridad con Fiorella Icaza y los menores de edad, e interrogando de forma frontal por qué la jυѕtісіа y el Gobierno no aplican esa misma velocidad, celeridad y fuerza para incautar los bienes de los grandes implicados en las tramas millonarias del Caso Progen . “La justicia no puede actuar con doble rasero”, sentenció la asambleísta, abriendo un foro de debate masivo en redes entre los usuarios que exigen respeto a los derechos de los niños y quienes respaldan la incautación de los patrimonios bajo sospecha de lavado.
En desarrollo.
